05/05/2026, 20:34

Fiscalía brasileña se suma a acuerdo nacional para rastrear criptomonedas

El Ministerio Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) firmó un acuerdo de cooperación técnica para rastrear criptomonedas.

La iniciativa integra al MPMS en un grupo ya formado por los Ministerios Públicos de Río de Janeiro (MPRJ) y Santa Catarina (MPSC). El grupo cuenta con el apoyo de una empresa internacional especializada en el análisis de transacciones de criptoactivos.

Con el acuerdo, los fiscales estatales tendrán acceso al software Reactor, una herramienta para rastrear transacciones en la blockchain. La plataforma permite mapear el flujo de recursos digitales e identificar patrones sospechosos en wallets y cuentas.

El acuerdo no incluye transferencias financieras entre las partes. La formalización se realizó bajo la gestión de la Secretaría General del MPMS, después de una opinión favorable de la Asesoría Especial de la Procuraduría General.

Reactor: el software que rastrea criptomonedas en investigaciones

Reactor es una plataforma de análisis de blockchain, la tecnología de registro distribuido que es la base de las criptomonedas. Cada transacción realizada con criptomonedas se registra en esta red de forma pública e inmutable.

Imagen representativa de la blockchain y su análisis

La herramienta permite a los investigadores ver el camino que siguen los fondos, identificar conexiones entre wallets digitales y detectar transacciones inusuales. Es una de las principales herramientas utilizadas en investigaciones de lavado de dinero con criptoactivos en todo el mundo.

Con las licencias provisionales aseguradas por el acuerdo, los fiscales de Mato Grosso do Sul podrán usar el software en investigaciones de crímenes financieros y fraudes digitales.

Capacitación y LGPD: las reglas del acuerdo

El acuerdo prevé talleres temáticos y estudios de casos para capacitar al equipo técnico del MPMS. Un miembro de la institución será designado para supervisar las actividades.

Capacitación y análisis con el software Reactor

El acceso a la información obtenida con el software está restringido a fines institucionales. El acuerdo exige el cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos (LGPD), que regula el uso de datos personales en Brasil.

La vigencia inicial del contrato es de 12 meses, con posibilidad de renovación.

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